El anuncio del presidente del Gobierno del Estado, José Luis Rodríguez Zapatero, de incrementar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años ha abierto un intenso debate que se ha extendido como la pólvora en los medios recomunicación, las redes sociales y en la propia sociedad.
Ha sido, sin duda, un error más en la senda de acciones improvisadas que Zapatero ha impuesto como norma de la casa en su política económica. El presidente ha vuelto a errar en el camino escogido al optar por un anuncio unilateral sin un debate previo en el foro correspondiente: la comisión parlamentaria sobre el Pacto de Toledo.
Una vez más ha quedado patente la máxima de que con Zapatero no sabemos nunca hacia dónde vamos dado que carece de una hoja de ruta clara en materia económica y, especialmente, en un asunto tan delicado como es el sistema de pensiones.
¿Recuerdan la cara que se le quedó al ex ministro de Economía, Pedro Solbes, cuando Zapatero anunció, en el Congreso la bonificación de 400 euros para todos a través del IRPF? Pues algo similar ha debido pasarle en esta ocasión al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que tan sólo 48 horas antes del anuncio del presidente había dicho públicamente que su departamento no tenía previsto tocar el sistema de pensiones.
"Vamos a tener la satisfacción de decir que el sistema de pensiones español es uno de los mejores de la UE", dijo Corbacho en su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado día 1 de diciembre. Dos meses después, no goza, al parecer, de la misma salud que elogiaba entonces el titular de Trabajo.
España ha destruido dos de cada tres puestos de trabajo en la Unión Europea y, en estos momentos de incertidumbre, lo que demandan los ciudadanos al Gobierno del Estado es que aplique recetas que generen confianza. Con la amenaza de cinco millones de parados a la vuelta de la esquina, sobra improvisación y se echa en falta firmeza, consenso y liderazgo en materia económica.
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