Una ley que pone en jaque el futuro de los puertos canarios

Hoy he estado en Tenerife junto a José Luis Perestelo y Narvay Quintero para denunciar los perjuicios que causará a Canarias la reforma de la ley de puertos que se tramita en el Senado.

No sólo deja sin representación a los Cabildos y a los Ayuntamientos en los Consejos de Administración de las Autoridades Portuarias, sino que otorga a los puertos unos fondos insuficientes para garantizar su desarrollo.

Es cierto que el proyecto que llega a la Cámara Alta ha mejorado mucho con respecto al elaborado por el Gobierno gracias a las enmiendas introducidas por nuestros diputados.

Sin embargo, aún es claramente insuficiente si queremos garantizar el desarrollo de la red de puertos de interés general de Canarias.

Dos son los obstáculos que impiden nuestro apoyo a una ley que, curiosamente, sí cuenta con el consenso del PP y el PSOE: los fondos y la representatividad.

Los diputados y senadores socialistas y populares pertenecientes a Canarias son cómplices, además, de una iniciativa que supondrá un obstáculo para la expansión y desarrollo de uno de los principales ejes de nuestra economía.

Sin recursos, será imposible financiar las obras necesarias en los puertos de interés general y que son imprescindible para que sean competitivos.

En definitiva, la ley pone en serio peligro su financiación y su desarrollo como auténticas plataformas logísticas y como motor de nuestra convaleciente economía.

Cómo seguir siendo competitivos y no morir en las marañas de la ley

Hoy mantuve una reunión con la Confederación Canaria de Empresarios junto a mis compañeros de Coalición Canaria, José Luis Perestelo, María del Mar Julios y Manolo Lobo, y la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, para trazar una estrategia común de cara al inminente debate de la reforma de la Ley 48/2003 de régimen económico y prestación de servicios en los puertos de interés general.

Esta reforma de la conocida como Ley de Puertos, que inició su recorrido en el Congreso hace casi un años, nos obliga a los canarios realizar un importante esfuerzo pedagógico y de sensibilización para hacer entender, en el Congreso y el Senado, que Canarias debe seguir recibiendo un trato específico para que nuestros puertos sean competitivos.

No podemos ser víctimas de un nuevo error. No en vano, esta reforma se plantea, entre otras cuestiones, a raíz de una sentencia desfavorable a España del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por las bonificaciones a las tasas portuarias que se plantean en las Islas en un marco de libre mercado.

España no supo, en su momento, defender ante dicho Tribunal que dichas bonificaciones se aplican en las Islas por nuestra condición de región ultraperiférica y nuestro estatus especial en el Tratado europeo y ahora nos corresponde buscar una solución a dicho entuerto.  Ya existe un acuerdo con las principales fuerzas políticas en Madrid,  pero hay que aprovechar esta reforma para acometer otros cambios necesarios.

España perdió la batalla judicial y ahora vamos a intentar que se mantengan dichas bonificaciones y que éstas no corran a cargo de los presupuestos de los propios puertos,  sino que se cree un fondo de compensación que permita que los puertos canarios cuenten con las garantías suficientes para competir 

en un mercado muy exigente.

Nos toca esperar y desear que en las Cortes Generales se legisle de manera coherente y tengan muy presentes la lejanía y las dificultades de acceso a nuestro territorio a la hora de acometer reformas que afectan a nuestra red de puertos de interés general.