No a las prospecciones petrolíferas en Canarias

El líder del PP en Canarias ha reabierto el debate sobre las prospecciones petrolíferas al afirmar, en la cadena Ser, que se muestra a favor de que el Gobierno del Estado otorgue las licencias a la compañía Repsol para que reanude las investigaciones frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Nosotros mantenemos nuestra misma posición: NO sin una consulta previa al Gobierno de Canarias y NO sin garantías. Todo ello, partiendo de la base de que las prospecciones petrolíferas chocarían con el modelo de desarrollo sostenible por el que apostamos en las Islas.

 La posición expresada por José Manuel Soria coincide con la del Ministerio de Industria, que el pasado día 1 de junio contestó a nuestro diputado en el Congreso, José Luis Perestelo, lo siguiente:

“Dada la dependencia casi total de suministros exteriores como consecuencia de la irrelevancia de nuestra producción nacional de hidrocarburos (petróleo y gas), la relativa pobreza, en cuanto al resto de recursos energéticos y la concentración de las reservas en áreas geopolíticamente inestables, resulta indiscutible el enorme interés económico y estratégico de los proyectos de investigación a los que alude Su Señoría.

Asimismo, desde un punto de vista puramente técnico no existen razones que desaconsejen la realización de actividades de investigación de yacimientos de hidrocarburos en la zona, siempre que dichas actividades se realicen de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente y, en particular, con la normativa medioambiental más exigente”.

Nosotros, en cambio, insistimos en que no se dan las circunstancias para la realización de las mismas e instamos a que tanto el PP como el PSOE pregunten a sus militantes de Lanzarote y Fuerteventura si coinciden con las posiciones expresasas por Soria y el Ministerio de Industria.

Además, otro apunte a tener en cuenta que la legislación vigente establece que es el Estado el que posee las competencias tanto en la concesión de permisos como en la explotación de los recursos. Por tanto, los beneficios no irían directamente a parar a las arcas de Canarias sino a las del Estado.