Acabo de llegar de Venezuela y, pese a los efectos del jet lag tras un largo viaje de más de 14 horas, no dejo de preguntarme por los motivos que han llevado al PP y al PSOE a firmar un pacto no escrito para privar del derecho al voto a los emigrantes españoles.
Mi sorpresa es aún mayor si tenemos en cuenta que, el mismo fin de semana que nosotros celebrábamos el II Congreso de Jóvenes de CC de Venezuela, en el mismo país, el PP de España organizaba su primer congreso en dicho país y una de las consignas más escuchadas fue el apoyo masivo de sus dirigentes a conservar intacto el derecho al sufragio de los que residen en el exterior.
Sin embargo, y una vez aterrizaron en España la comitiva de cargos públicos del PP que acudió a la cita venezolana, su discurso cayó en saco roto tras su apoyo expresado en la subcomisión del Congreso que estudia la reforma de la Ley Electoral. Sólo CC e IU expresamos nuestra oposición a una medida injusta e, incluso, me atrevería a decir que atenta contra los derechos constitucionales.
El PSOE y el PP han unido sus fuerzas para recortar derechos a los emigrantes españoles y, sin embargo, son manifiestamente incapaces de aunar esfuerzos para asuntos prioritarios para toda la ciudadanía como los pactos por la economía y la educación.
La propuesta aprobada por la subcomisión del Congreso que estudia la reforma de la Ley Electoral, que priva del voto en las elecciones autonómicas y municipales, a 1,3 millones de emigrantes, es un acto de cinismo de las dos principales fuerzas políticas, que engañan a los emigrantes en sus visitas a América Latina con promesas que luego incumplen en Madrid.
Desde CC seguiremos defendiendo que los emigrantes conserven su derecho a participar en las elecciones autonómicas y municipales y rechazaremos el inaudito pacto alcanzado por el PP y el PSOE para modificar la ley electoral con el objetivo de que éstos no puedan ejercer su derecho al sufragio en los comicios locales.
Como ciudadanos españoles deben mantener intacto este derecho y la única modificación que cabe en estos momentos es el cambio del sistema de voto del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), a fin de que este colectivo pueda votar en una urna.
Tendremos que esperar al mes de junio para que la Comisión Constitucional se pronuncie oficialmente sobre el acuerdo de la subcomisión. Y nuestra porpuesta es que en el recorrido que le queda a esta modificación, todos los partidos centren su trabajo en aplicar una fórmula de voto, de manera directa a través de una urna, para que exista la mayor transparencia en el proceso electoral y poner fin a las especulaciones sobre su manipulación.
Los representantes públicos debemos abogar por dignificar la democracia y no por restar derechos a los emigrantes.
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