Carta al ministro de Educación tras un nuevo acuerdo frustrado con el PP

Una vez más, no ha podido ser. El Gobierno y el PP han escenificado hoy un nuevo desencuentro y se disipan las esperanzas de que se firme un Pacto Social por la Educación.

Hoy, como presidenta de Coalición Canaria, y atendiendo al acuerdo que alcanzamos en la reunión celebrada en Madrid el pasado mes de abril, he remitido una carta al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, en la que le expreso la posición de nuestro partido.

Básicamente, seguimos abiertos al diálogo y el único “pero” es que en la propuesta presentada por el Gobierno no existe una ficha financiera.

Extracto de la carta:

“Como sabe, desde Coalición Canaria hemos venido defendiendo, en Canarias, y en el ámbito del Estado, la necesidad de que los dos grandes partidos políticos, el PSOE y el PP, trabajaran decididamente para conseguir un gran Pacto de Estado en materia Educativa.

Un Pacto de Estado que permitiera dar estabilidad al sistema educativo; que sirviera para trabajar políticamente en uno de los retos más importantes de nuestra sociedad, como es la formación y la educación. Creemos en la necesidad de una gran Acuerdo de Estado, sincero y honesto, que permita que la Educación se convierta realmente en una herramienta para 

garantizar la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la equidad.

Pero para trabajar serenamente en esas políticas, Sr. Ministro, además de nuestra buena voluntad es preciso que se pongan de acuerdo los dos grandes partidos y además contar con una dotación económica específica, que no hemos encontrado en la propuesta que nos ha hecho.

Por todo ello, desde Coalición Canaria queremos hacerle llegar nuestra disposición a formar parte de un acuerdo en el que participen los dos grandes partidos, y que además cuente con la adecuada dotación económica.

Coalición Canaria mantiene su disposición a seguir dialogando con el Ministerio de Educación dado que coincidimos con usted en que el sistema educativo requiere de un esfuerzo por parte de todas las fuerzas políticas y de todos los que forman parte de la comunidad educativa para alcanzar un acuerdo global que redunde en beneficio de un sistema sólido y de calidad”

Un pacto por la Educación imprescindible

Acabo de terminar la reunión con el ministro de Educación para analizar, junto al resto de las fuerzas políticas,  el documento que nos ha presentado para la firma de un Pacto de Estado por la Educación. En principio, el primer análisis es que no hay nada insalvable en la oferta que nos ha expuesto Ángel Gabilondo y celebro, ante todo, que haya comprendido que no se puede impulsar un sistema de becas basado en la renta per cápita de las Comunidades Autónomas.

Haya o no pacto entre todos, el proceso de diálogo abierto por el ministro ha sido positivo y espero que contribuya a introducir mejoras en un sistema que clama un cambio que permita reducir los preocupantes niveles de fracaso escolar.

Creemos que, entre todos, debemos reflexionar y dar estabilidad al sistema con un gran pacto que aborde en profundidad cuestiones como el fracaso escolar o la adecuación de la oferta educativa a la evolución de la propia sociedad y de la economía. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos trabajando para realizar aportaciones y tender puentes entre los dos grandes partidos.

No obstante, y teniendo en cuenta que el ministro nos ha presentado hoy el documento final, tanto desde el Gobierno de Canarias como desde el propio partido debemos realizar un análisis pormenorizado del pacto propuesto por Gabilondo y, en particular, sus aspectos financieros.

Un Pacto Social y Político por la Educación que no admite demora

Ayer jueves asistí a la reunión convocada por el ministro de Educación con todas las fuerzas políticas para analizar el documento de trabajo con el que se pretende ratificar el Pacto Social y Político por la Educación. Un propósito que, a nuestro juicio, es necesario e imprescindible para evitar que el sistema educativo no sufra las consecuencias de los vaivenes políticos.

La OCDE, en su informe del pasado miércoles, asegura tajantemente que España necesita acometer reformas en el mercado laboral y en el sistema educativo si queremos superar la actual crisis económica siendo más competitivos. Y ése es un reto que no admite demoras.

Canarias ha impulsado desde el primer momento la consecución de un Pacto Social y Político por la Educación que otorgue estabilidad al sistema, aborde las causas del elevado fracaso escolar y del abandono escolar temprano que padecemos y mejore la equidad de los ciudadanos en los accesos, permanencia y resultados en la educación y formación. Debemos, igualmente, fomentar el papel de las familias y respetar, en un marco común, la autonomía de las Comunidades Autónomas para adaptar a su territorio las condiciones educativas.

Nos preocupa, por otra parte, construir un marco sólido para la función docente, y consideramos que se debe marcar un calendario razonable y flexible para elaborar y tramitar el Estatuto de la Función Pública Docente, que permita resolver cuestiones pendientes como el acceso a la Función Pública Docente, el reconocimiento de la autoridad del profesor, el papel de la función directiva, etc.

Asimismo, estimamos necesario disponer de una ficha financiera que permita planificar el gasto propio de cada Comunidad Autónoma y la necesaria contribución del Ministerio de Educación para llevar a la práctica lo que en el Pacto Social y Político por la Educación se acuerde.

En resumen, para Canarias son muy importantes los siguientes aspectos:

1. Establecer Leyes educativas consensuadas.

2. Reducir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano, y abrir nuevas vías de educación y formación para los jóvenes.

3. Modernizar la enseñanza con mejor formación en lenguas extranjeras, mayor uso de las TIC, y una propuesta de FP actualizada a las demandas del Siglo XXI.

4. Mejorar la equidad y abrir la posibilidad de oportunidades para todos y todas mediante la dotación de una política de becas y ayudas al estudio y a los servicios complementarios de transporte y comedores escolares, favoreciendo las rentas más bajas.

5. Potenciar la intervención de los padres y madres en la educación de sus hijos e hijas.

6. Respetar las decisiones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias en educación y formación.

7. Establecer un calendario de aprobación para el Estatuto de la Función Pública Docente

8. Asegurar una financiación adecuada.