Ayer jueves asistí a la reunión convocada por el ministro de Educación con todas las fuerzas políticas para analizar el documento de trabajo con el que se pretende ratificar el Pacto Social y Político por la Educación. Un propósito que, a nuestro juicio, es necesario e imprescindible para evitar que el sistema educativo no sufra las consecuencias de los vaivenes políticos.
La OCDE, en su informe del pasado miércoles, asegura tajantemente que España necesita acometer reformas en el mercado laboral y en el sistema educativo si queremos superar la actual crisis económica siendo más competitivos. Y ése es un reto que no admite demoras.
Canarias ha impulsado desde el primer momento la consecución de un Pacto Social y Político por la Educación que otorgue estabilidad al sistema, aborde las causas del elevado fracaso escolar y del abandono escolar temprano que padecemos y mejore la equidad de los ciudadanos en los accesos, permanencia y resultados en la educación y formación. Debemos, igualmente, fomentar el papel de las familias y respetar, en un marco común, la autonomía de las Comunidades Autónomas para adaptar a su territorio las condiciones educativas.
Nos preocupa, por otra parte, construir un marco sólido para la función docente, y consideramos que se debe marcar un calendario razonable y flexible para elaborar y tramitar el Estatuto de la Función Pública Docente, que permita resolver cuestiones pendientes como el acceso a la Función Pública Docente, el reconocimiento de la autoridad del profesor, el papel de la función directiva, etc.
Asimismo, estimamos necesario disponer de una ficha financiera que permita planificar el gasto propio de cada Comunidad Autónoma y la necesaria contribución del Ministerio de Educación para llevar a la práctica lo que en el Pacto Social y Político por la Educación se acuerde.
En resumen, para Canarias son muy importantes los siguientes aspectos:
1. Establecer Leyes educativas consensuadas.
2. Reducir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano, y abrir nuevas vías de educación y formación para los jóvenes.
3. Modernizar la enseñanza con mejor formación en lenguas extranjeras, mayor uso de las TIC, y una propuesta de FP actualizada a las demandas del Siglo XXI.
4. Mejorar la equidad y abrir la posibilidad de oportunidades para todos y todas mediante la dotación de una política de becas y ayudas al estudio y a los servicios complementarios de transporte y comedores escolares, favoreciendo las rentas más bajas.
5. Potenciar la intervención de los padres y madres en la educación de sus hijos e hijas.
6. Respetar las decisiones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias en educación y formación.
7. Establecer un calendario de aprobación para el Estatuto de la Función Pública Docente
8. Asegurar una financiación adecuada.