Hoy he estado en Tenerife junto a José Luis Perestelo y Narvay Quintero para denunciar los perjuicios que causará a Canarias la reforma de la ley de puertos que se tramita en el Senado.
No sólo deja sin representación a los Cabildos y a los Ayuntamientos en los Consejos de Administración de las Autoridades Portuarias, sino que otorga a los puertos unos fondos insuficientes para garantizar su desarrollo.
Es cierto que el proyecto que llega a la Cámara Alta ha mejorado mucho con respecto al elaborado por el Gobierno gracias a las enmiendas introducidas por nuestros diputados.
Sin embargo, aún es claramente insuficiente si queremos garantizar el desarrollo de la red de puertos de interés general de Canarias.
Dos son los obstáculos que impiden nuestro apoyo a una ley que, curiosamente, sí cuenta con el consenso del PP y el PSOE: los fondos y la representatividad.
Los diputados y senadores socialistas y populares pertenecientes a Canarias son cómplices, además, de una iniciativa que supondrá un obstáculo para la expansión y desarrollo de uno de los principales ejes de nuestra economía.
Sin recursos, será imposible financiar las obras necesarias en los puertos de interés general y que son imprescindible para que sean competitivos.
En definitiva, la ley pone en serio peligro su financiación y su desarrollo como auténticas plataformas logísticas y como motor de nuestra convaleciente economía.
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